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Investigación: España incumple el derecho a
la educación inclusiva

Una investigación universitaria señala que España incumple el dere-
cho a la educación inclusiva de los niños con discapacidad, crítica que
también ha sido formulada recientemente en un informe de la ONU,
según Ecodiario.
El estudio pide que desaparezcan los centros de educación especial y
las aulas específicas en centros ordinarios porque van contra los de-
rechos humanos y más voluntad política para garantizar la educación
de los niños.
Son las principales conclusiones del artículo ‘Segregar por discapaci-
dad a la infancia es violar los derechos humanos’, publicado en SINC
por el doctor en Pedagogía y el profesor de Teoría de Educación de la
Universidad de Málaga, Ignacio Calderón.
El profesor Calderón recuerda que España rubricó en 2008 un com-
promiso a través de la firma de la Convención de la ONU sobre los
derechos de las personas con discapacidad, que en su artículo 24 se refiere a la educación inclusiva, y por lo
que habría que eliminar ese sistema educativo paralelo para los alumnos con discapacidad.

Tarjeta sanitaria independiente para los
menores con discapacidad

El PP ha registrado en el Congreso una proposición no de ley por la
que insta al Gobierno a promover una tarjeta sanitaria propia para
menores dependientes o con discapacidad, que sea independiente de
la de sus progenitores.
Actualmente, los menores de 26 años o que tengan una discapacidad
en grado igual o superior al 65 por ciento pueden ser beneficiarios de
las tarjetas sanitarias de sus padres. Sin embargo, el PP denuncia que
esta situación está “perjudicando” a los menores dependientes que, al
estar adscritos a la misma tarjeta de sus progenitores, “no ven atendi-
da su situación específica a la hora de recibir determinadas prestacio-
nes o servicios”.
“Este es el caso del copago farmacéutico”, explica la iniciativa, recogida
por Europa Press. Según señala, las personas con discapacidad debe-
rían estar exentas de pargarlo, pero “en la práctica esto no sucede”
porque son los padres, como titulares de la tarjeta, quienes asumen
esta aportación, “generando una situación injusta que perjudica a los
colectivos más vulnerables”, según señala el PP.
En esta situación también se incluirían, según explica el texto, otros servicios, como la adquisición de medi-
camentos, pañales, alimentación específica, tratamientos de fisioterapia, logopedia o materia ortoprotésico,
entre otros, que suponen un “elevado importe económico mensual que algunas familias tienen dificultades
de afrontar”.

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