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Cermi urge la reforma electoral que conceda
el voto a personas con discapacidad

El Comité Español de Representantes de Personas
con Discapacidad (Cermi) ha pedido a todos los gru-
pos del Congreso que apoyen “sin fisuras” la reforma
de la Ley Electoral para otorgar y extender el voto a
todas las personas con discapacidad “sin excepciones
de ningún tipo”, según La Vanguardia.
Lo ha hecho unos días antes de que la ponencia cons-
tituida en el seno de la Comisión Constitucional del
Congreso aborde el jueves 28 de junio la Proposición
de Ley para modificar la Ley Orgánica de Régimen
Electoral General para garantizar el derecho de su-
fragio de todas las personas con discapacidad.
Actualmente, la Ley Orgánica del Régimen Electoral
General dispone que carecen de este derecho “los
declarados incapaces en virtud de sentencia judicial
firme, siempre que la misma declare expresamente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”
y “los internados en un hospital psiquiátrico con autorización judicial, siempre que el juez declare expresa-
mente la incapacidad para el ejercicio del derecho de sufragio”.
Según el Cermi, unas 100.000 personas con discapacidad carecen en España del derecho al voto por razón de
discapacidad intelectual, enfermedad mental o deterioro cognitivo.

Reducir una lista de espera de 360.000
personas

Alrededor de 360.000 personas están pendientes de ser
evaluadas para determinar si les corresponde algún grado
de los tres recogidos en el Sistema de Autonomía y Atención
a la Dependencia (SAAD) y poder optar así a alguna de las
prestaciones que éste contempla. Reducir esa lista de espe-
ra será uno de los retos que tendrá que afrontar la nueva
ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen
Montón, en lo que queda de legislatura.
Para resolver esta situación harían falta unos 600 millones
de euros, según estima el Observatorio de la Dependencia.
Además, habría que añadir otras 310.120 personas que ya
han sido evaluadas pero que se encuentran todavía a la es-
pera de empezar a recibir la prestación a la que tienen derecho.
Impulsar la coordinación entre los servicios sociales y sanitarios y mejorar la transparencia del sistema son
otras tareas pendientes en este terreno para la nueva ministra, que, al heredar los Presupuestos diseñados
por el anterior Ejecutivo, tiene muy difícil cumplir con una de las principales demandas del sector y de las
comunidades autónomas: asumir el 50% del coste de la dependencia.

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