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Luz verde a la prohibición de la esterilización forzosa por discapacidad

2020-10-16 11:28:45
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Se trata de una de las reivindicaciones históricas del colectivo de personas con discapacidad: el final de las esterilizaciones forzosas de personas incapacitadas juridicialmente es una realidad cercana. El Congreso ha aprobado este jueves una proposición de ley que modifica el Código Penal con el fin de ilegalizar estas prácticas, que en la última década se han aplicado a más de un millar de mujeres con discapacidad en España, según los datos ofrecidos por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi).

Tras su paso por la Cámara baja, esta vez es el Senado el que tiene un mes para presentar enmiendas, aunque lo que se espera es que o no se presenten o que sean mínimas, ya que esta proposición de ley presentada por Ciudadanos en esta sede en enero fue aprobada por una amplia mayoría. Por este motivo, el colectivo de personas con discapacidad espera que la norma vea definitivamente la luz antes de diciembre.

Los impulsores de esta iniciativa son el Cermi y la Fundación Cermi Mujeres, quienes, a través de un texto, se hicieron eco de la petición del Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, que en marzo del 2019 instó a España a desterrar de la legislación la esterilización no consentida de personas incapacitadas judicialmente. Asimismo, el Comité de Bioética, órgano consultivo del Gobierno, hizo una recomendación en este sentido, con el fin de que estas personas gocen de los mismos derechos que el resto.

 

Más de 1.000 afectadas desde el 2005

Según el Cermi, en torno a 1.000 mujeres han sido esterilizadas desde el 2005, si bien no hay datos concluyentes puesto que las cifras proporcionadas por el Poder Judicial sobre procedimientos abiertos no permiten conocer el final de los mismos ni el sexo de los demandantes.

Según Mediterráneo, las esterilizaciones no consentidas se aplican porque, en muchas ocasiones, desde el entorno sociosanitario se aconseja adoptar esta medida o incluso se exige para que mujeres y adolescentes accedan al centro. Así, normalmente se practican durante la primera menstruación, cuando la mujer alcanza la mayoría de edad o tras el nacimiento de su primer hijo. Si bien, lo único que provocan es una mayor exposición a la violencia y al abuso, porque el entorno más próximo conoce que no va a haber posibilidad de embarazo, sostiene Ana Peláez, de Cermi Mujeres.

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